Cuitláhuac desesperado porque se mantenga el delito de ultrajes a la autoridad/ Místicos y Terrenales

El gobernador Cuitláhuac García está desesperado, casi angustiado porque debe desaparecer el delito de ultrajes a la autoridad y no lo quiere hacer. Y para no hacerlo, ahora hasta acusa a las barras y colegios de abogados de Veracruz de estar al servicio de la delincuencia organizada.

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La venganza de Cuitláhuac: Va a soltar a 40 jefes de plaza de grupos delincuenciales/ Místicos y Terrenales

Ahora, como venganza contra la sociedad, anuncia que va a soltar a 40 jefes de plaza de grupos delincuenciales, a los cuales detuvieron por “ultrajes a la autoridad”.

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Cuitláhuac García, el Daniel Ortega mexicano/ Místicos y Terrenales

Raymundo Sánchez Patlán, autor de la columna Periscopio que se publica en El Heraldo de México, y subidrector editorial de ese diario, le cuelga un apelativo a Cuitláhuac García que le quedó, ahora sí, como anillo al dedo, el “Daniel Ortega mexicano”.

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Cuitláhuac no quiere que le impugnen los “ultrajes a la autoridad”; Marlon Ramírez, del PRI, se puso de tapete de Cuitláhuac/ Místicos y Terrenales

Al gobernador Cuitláhuac García le molesta que le recuerden que desde su administración ha promovido modificaciones legales que son violatorias a la Constitución de México, de Veracruz y hasta a la Carta de Derechos Humanos de la ONU (¿QUÉ?, ¿Qué los que han hecho las propuestas de reforma de las leyes en Veracruz en el actual gobierno no conocen “La Declaración Universal de Derechos Humanos”?.)

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Ricardo Monreal fustiga el delito de “ultrajes a la autoridad” en Veracruz/ Místicos y Terrenales

Ricardo Monreal fustiga a los poderes en Veracruz, obviamente comenzando por el gobernador Cuitláhuac García, por el delito “de moda” (como lo define) de ultrajes a la autoridad, que se ha aplicado como arma política y de abuso de poder policial.

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El uso faccioso de la Ley/ Walter Ramírez Aguilar

Restringir la labor periodística, el ejercicio de la protesta y el derecho a la libertad de expresión en general, es -a decir de los expertos en Derecho- la síntesis de las agravantes que fueron modificadas por el Congreso de Veracruz el pasado 11 de marzo y que ha dado pie a múltiples preocupaciones que podrían propician que el gobierno del Veracruz pueda hacer un uso político de este tipo penal en contra de opositores, colectivos ciudadanos y reporteros.

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